El Parlamento de Irán ha aumentado la presión sobre las mujeres que se niegan a usar el velo en el país, al aprobar un proyecto de ley que endurece las sanciones, incluyendo la posibilidad de prisión. El proyecto de ley, titulado “Apoyo a la cultura de la castidad y el velo”, fue aprobado con 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones después de meses de discusiones.
Este acontecimiento coincide con el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió el 16 de septiembre de 2022 después de ser detenida por presuntamente violar el estricto código de vestimenta para las mujeres. Su muerte desencadenó un movimiento de protesta en el país y reavivó el debate sobre el uso del velo en la República Islámica.
El proyecto de ley aprobado establece sanciones financieras por promover el desnudo o burlarse del hiyab en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de viajar para los propietarios de empresas cuyas empleadas no utilicen velo.
Además, se imponen multas de 5 millones de riales (aproximadamente 10.7 dólares) a los vehículos en los que la conductora o la pasajera no lleven el hiyab o vistan prendas inapropiadas, que se consideran aquellas que son ajustadas o exhiben partes del cuerpo.
El proyecto de ley también establece penas de prisión de cuarto grado, que van de 5 a 10 años, para quienes no lleven velo o vistan prendas inapropiadas en cooperación con gobiernos, medios de comunicación, grupos u organizaciones extranjeras hostiles a la República Islámica o de manera organizada. Actualmente, aparecer en público sin el velo musulmán se castiga con una pena de prisión de 10 días a dos meses.
A pesar de esta ley, en los últimos meses, cada vez más mujeres en Irán han optado por salir a la calle sin velo, especialmente en las grandes ciudades. En respuesta a esta tendencia, las autoridades han tomado medidas que van desde el cierre de comercios hasta la instalación de cámaras en las calles para perseguir a las mujeres que desafían la prohibición.
Los conservadores, que son mayoría en el gobierno y el parlamento, defienden firmemente la obligación del velo y argumentan que su eliminación llevaría a cambios profundos en las normas sociales. Sin embargo, críticos y activistas han expresado preocupación por el impacto de esta ley en las mujeres y jóvenes, advirtiendo sobre el aumento de riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria si se implementa. La aprobación final del proyecto de ley depende de la aprobación del Consejo de los Guardianes de la Constitución.
